Título: La Jerarquía Normativa y el Bloque de Constitucionalidad: Implicaciones en la Acción Contenciosa Administrativa

Título: La Jerarquía Normativa y el Bloque de Constitucionalidad: Implicaciones en la Acción Contenciosa Administrativa

La evolución del concepto de bloque de constitucionalidad ha transformado la comprensión y aplicación del derecho en varios países, especialmente en contextos donde se busca garantizar la primacía de los derechos humanos y el respeto a los tratados internacionales. Este artículo explora cómo este concepto se establece como un pilar fundamental en la jurisprudencia y en la práctica jurídica, y cómo su comprensión impacta en las acciones contenciosas administrativas, particularmente en las demandas de nulidad.

El bloque de constitucionalidad hace referencia a un conjunto de normas, principios y valores que, aunque no se encuentren detalladamente en el texto constitucional, poseen un rango normativo superior. Este concepto ha sido desarrollado a partir de la jurisprudencia de diferentes cortes, destacándose el Consejo Constitucional francés y el Tribunal Constitucional español, y se ha expandido a otras jurisdicciones, incluyendo la colombiana. La noción de un bloque de constitucionalidad implica que la Constitución no se agota en su texto, sino que se extiende a otros principios y normas que comparten la misma jerarquía.

Este marco permite que tratados internacionales y principios de derechos humanos sean considerados parte del ordenamiento constitucional, obligando a los jueces y a los funcionarios públicos a interpretarlos y aplicarlos en la resolución de casos concretos. Por ejemplo, en Colombia, la Corte Constitucional ha sostenido que los tratados ratificados, que prohíben la limitación de derechos humanos, prevalecen sobre la legislación interna, lo que establece un deber de conformidad entre el derecho interno y el internacional.

La relación entre el bloque de constitucionalidad y las demandas contenciosas administrativas es fundamental. En este ámbito, las demandas de nulidad pueden ser vistas como una herramienta para proteger el ordenamiento jurídico y los derechos de la colectividad. Sin embargo, es crucial distinguir entre diferentes tipos de demandas, como la demanda de nulidad y la demanda de plena jurisdicción. Mientras que la primera busca la declaración de nulidad de actos administrativos de carácter general, la segunda se centra en reparar derechos subjetivos específicos que hayan sido vulnerados por un acto administrativo.

Tres Consejos Accionables

• 1. Promover la Educación Jurídica: Es esencial que los actores del sistema judicial y los ciudadanos en general comprendan la importancia del bloque de constitucionalidad y su relación con el derecho interno. Programas de capacitación y talleres pueden ser herramientas efectivas para difundir el conocimiento sobre la jerarquía normativa y los derechos humanos.

• 2. Evaluar las Demandas de Forma Adecuada: A la hora de presentar una demanda contenciosa, es crucial que los abogados evalúen si el acto administrativo impugnado es de carácter general o particular. Esta evaluación determinará si la vía adecuada es una demanda de nulidad o de plena jurisdicción, asegurando así la efectividad de la acción legal.

• 3. Fomentar la Coordinación entre Normas Internacionales y Derecho Interno: Los legisladores y las autoridades administrativas deben trabajar en la alineación de la normativa interna con los tratados internacionales ratificados. Esto no solo fortalecerá la protección de los derechos humanos, sino que también facilitará la interpretación y aplicación coherente de las normas en la práctica jurídica.

Conclusión

El desarrollo del concepto de bloque de constitucionalidad ha reconfigurado el panorama del derecho en países como Colombia y Panamá, estableciendo un sistema en el que las normas que integran este bloque son de vital importancia para la interpretación y aplicación del derecho. La correcta comprensión de este marco normativo es fundamental para garantizar que las demandas contenciosas administrativas no solo sirvan para proteger el orden jurídico, sino también para salvaguardar los derechos individuales y colectivos. La interrelación entre el derecho interno y el internacional, junto con un enfoque claro sobre el tipo de acción a emprender, son elementos clave para la evolución de un sistema jurídico más justo y equitativo.