Cabe aclarar que las demandas de nulidad, llamadas igualmente de acción popular, tienen por objeto la anulación, por ilegal, de un acto administrativo de carácter general, abstracto e impersonal y su declaratoria de ilegalidad conlleva el restablecimiento del orden jurídico positivo, donde interesa de manera concreta y exclusiva la protección y conservación del imperio de la legalidad.

"Se debe precisar, ante todo que, si bien ambos tipos de demanda persiguen la declaratoria de nulidad del acto administrativo impugnado, la demanda contencioso administrativa de nulidad y la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción presentan diferentes características, las cuales se pueden describir en los siguientes términos: a) Finalidad: La demanda de nulidad cuestiona la legalidad del acto protegiendo dicha legalidad desde un punto de vista objetivo. Preserva el orden jurídico abstracto. La demanda de plena jurisdicción cuestiona la legalidad del acto administrativo protegiendo el derecho subjetivo del demandante lesionado por el acto de la administración en vías a la declaración de nulidad de dicho acto y el restablecimiento de ese derecho. Nuestra jurisprudencia ha aceptado que se formulen demandas de nulidad contra actos que crean situaciones jurídicas individuales tratándose de actos condición (por ejemplo, decretos de nombramiento de servidores públicos). b) Demandante: En la demanda de nulidad puede demandar cualquier persona, natural o jurídica, pública o privada, domiciliada en Panamá. En la demanda de plena jurisdicción sólo puede demandar aquella perso

"Del contenido del libelo se desprende que la parte actora encaminó la pretensión hacia una demanda contenciosa de nulidad; sin embargo, los hechos no afectan intereses generales o abstractos, por el contrario, nos encontramos ante un acto administrativo que es de índole particular, toda vez que la parte actora participó en la licitación pública de precio único No. 09-2018 (Primera convocatoria) como proponente.

En este orden de ideas, la acción contencioso administrativa de nulidad, que fue la vía utilizada en esta oportunidad por el actor, es la idónea para recurrir actos generales que afecten derechos de la colectividad; por lo tanto, no se aprecia que la acción persiga la defensa objetiva del ordenamiento jurídico, pues el acto no afecta intereses generales o abstractos, por el contrario, nos encontramos ante un acto administrativo de índole particular, recurribles mediante la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, como ya lo hemos indicado.

En relación con lo anterior, es necesario recalcar que dentro de nuestro ordenamiento positivo las demandas contencioso administrativas de Plena Jurisdicción y de Nulidad tienen diferencias tanto en los requisitos exigi

En este orden de ideas, la acción contencioso administrativa de nulidad, que fue la vía utilizada en esta oportunidad por el actor, es la idónea para recurrir actos generales que afecten derechos de la colectividad; por lo tanto, no se aprecia que la acción persiga la defensa objetiva del ordenamiento jurídico, pues el acto no afecta intereses generales o abstractos, por el contrario, nos encontramos ante un acto administrativo de índole particular, recurribles mediante la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, como ya lo hemos indicado.

En relación con lo anterior, es necesario recalcar que dentro de nuestro ordenamiento positivo las demandas contencioso administrativas de Plena Jurisdicción y de Nulidad tienen diferencias tanto en los requisitos exigidos para su presentación, como en las consecuencias o efectos que las mismas producen. La primera de ellas persigue, no sólo la declaratoria de nulidad del acto impugnado, sino el restablecimiento de los derechos subjetivos vulnerados, no importa si son de particulares o del Estado en su sentido más amplio; mientras que la demanda de nulidad tiene como objeto únicamente que la Sala Tercera declare la nulidad del a