Título: La Evolución del Proceso Civil y el Presupuesto en la Administración Pública: Reflexiones y Retos

Título: La Evolución del Proceso Civil y el Presupuesto en la Administración Pública: Reflexiones y Retos

La historia del derecho en Panamá ha estado marcada por cambios significativos que han modelado no solo el marco legal, sino también la práctica judicial y la administración pública. El Código Judicial de 1987 fue un punto de inflexión en el ámbito del derecho procesal, estableciendo nuevas bases para el funcionamiento de los procesos civiles. A pesar de los avances logrados, la realidad actual sugiere que un nuevo código, por sí solo, no es suficiente para abordar los desafíos que enfrenta el sistema de justicia y la administración pública en general.

El proceso de transformación legal que comenzó con la introducción del Código Judicial fue acompañado por un fervor académico y profesional que llevó a un auge en el estudio del derecho procesal. Figuras prominentes como Jorge Fábrega y Pedro Barsallo se convirtieron en líderes de pensamiento, contribuyendo a la formación de nuevas ideas en la práctica legal. La eliminación de la prueba tasada y la introducción de la sana crítica como criterio de valoración de la prueba fueron avances significativos que fortalecieron la economía procesal y facilitaron un acceso más justo a la justicia.

Sin embargo, esta evolución no ha estado exenta de críticas. Algunos expertos, como Monsieur Boutin, advirtieron sobre el riesgo de desatender instituciones de derecho sustantivo en la búsqueda de modernizar el proceso civil. Este desequilibrio puede generar un vacío en la aplicación de la justicia, donde la forma puede sobrepasar el fondo, afectando la efectividad de la ley en la protección de los derechos de los ciudadanos.

Paralelamente, otro aspecto fundamental que ha evolucionado en la estructura del Estado es el régimen de presupuestos. La Constitución vigente establece un marco claro para la intervención de los distintos órganos del Estado en la formulación y aprobación del presupuesto. Este enfoque busca garantizar una colaboración armónica entre el poder ejecutivo y el legislativo, asegurando que la planificación financiera del país sea eficiente y responsable. La ley de presupuesto, como norma sustantiva, organiza la actividad financiera del Estado y se convierte en una guía obligatoria para las entidades públicas.

A pesar de estos avances, la interacción entre el derecho procesal y la gestión del presupuesto aún presenta desafíos. La necesidad de adecuar las normativas a la realidad económica y social del país es imperativa. La ley de presupuesto debe ser considerada no solo como un instrumento administrativo, sino como una herramienta fundamental que regula y orienta el desarrollo del país.

En este contexto, es fundamental que tanto los profesionales del derecho como los administradores públicos trabajen de manera coordinada para asegurar que las reformas no solo se implementen en el papel, sino que también se reflejen en la práctica. A continuación, se presentan tres consejos prácticos para avanzar en esta dirección:

• 1. Fomentar el diálogo interinstitucional: Establecer espacios de conversación entre el poder judicial y el legislativo puede facilitar una mejor comprensión de las necesidades y desafíos que enfrentan ambos sectores. Esto contribuirá a crear un marco normativo más coherente y efectivo.

• 2. Capacitación continua: La formación de jueces, abogados y funcionarios públicos en relación con las nuevas normativas y su aplicación práctica es crucial. Programas de capacitación que aborden tanto el derecho procesal como la gestión presupuestaria pueden enriquecer la práctica profesional y mejorar la administración pública.

• 3. Evaluación y monitoreo de resultados: Implementar mecanismos de seguimiento que evalúen la efectividad de las reformas en el sistema judicial y en la gestión del presupuesto es esencial. Estos mecanismos permitirán realizar ajustes necesarios y garantizar que las políticas públicas respondan a las necesidades de la ciudadanía.

En conclusión, la evolución del derecho procesal y la gestión del presupuesto en Panamá refleja un esfuerzo continuo por mejorar la administración de justicia y la planificación financiera del Estado. Sin embargo, es evidente que un nuevo código o una ley de presupuesto por sí sola no es suficiente. Se requiere un compromiso colectivo para asegurar que estas herramientas se utilicen de manera efectiva en beneficio de la sociedad. La integración de la teoría y la práctica, el diálogo constante y la capacitación son pilares fundamentales para alcanzar un sistema de justicia y una administración pública más robustos y efectivos.