Título: La Extinción de Dominio y la Participación Ciudadana en Panamá: Un Camino hacia la Justicia y la Transparencia

Título: La Extinción de Dominio y la Participación Ciudadana en Panamá: Un Camino hacia la Justicia y la Transparencia

La lucha contra la corrupción y el crimen organizado es un desafío clave para cualquier sociedad que aspire a la justicia y al desarrollo sostenible. En Panamá, la reciente propuesta de Ley 625 ha abierto un importante debate sobre la extinción de dominio, un mecanismo legal que busca despojar de derechos patrimoniales a aquellos que obtienen bienes a través de actividades ilícitas. Este proyecto, presentado por el Ministerio de Gobierno y Justicia, plantea no solo una respuesta a la criminalidad, sino también una oportunidad para fortalecer la participación ciudadana en la construcción de un sistema más transparente y justo.

La extinción de dominio, tal como se define en la Ley 625, se presenta como una consecuencia jurídica que permite al Estado asumir la propiedad de bienes que tienen un origen o destino ilícito. Este enfoque busca desincentivar la actividad delictiva, al hacer que los beneficios de los delitos no sean disfrutables por sus perpetradores. Sin embargo, la implementación de esta ley requiere de un marco institucional sólido y de la participación activa de la ciudadanía para garantizar su efectividad y justicia.

En este sentido, la nueva plataforma de participación ciudadana de la Asamblea Nacional representa un avance significativo. Esta iniciativa busca involucrar a los ciudadanos en el proceso legislativo, permitiendo que sus voces sean escuchadas en la formulación de leyes que afectan directamente sus vidas. La interacción entre la extinción de dominio y la participación ciudadana puede ser vista como un círculo virtuoso: una ley que busca erradicar el delito y un mecanismo que permite a la sociedad civil participar activamente en su supervisión y mejora.

Sin embargo, para que este proceso sea exitoso, es fundamental que se establezcan canales claros de comunicación y que se promueva la educación cívica. La ciudadanía necesita entender no solo qué implica la extinción de dominio, sino también cómo puede participar en el proceso legislativo y en la vigilancia del cumplimiento de las leyes. La transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas son pilares esenciales que deben estar presentes en esta dinámica.

Además, es crucial que se establezcan mecanismos de protección para aquellos ciudadanos que se atrevan a denunciar actividades ilícitas. La extinción de dominio puede ser un poderoso aliado en la lucha contra la corrupción, pero su éxito dependerá en gran medida de la valentía y el compromiso de la ciudadanía. Por ello, es necesario crear un entorno en el que la denuncia no solo sea posible, sino que también sea recompensada y protegida.

Acciones a seguir para fortalecer la extinción de dominio y la participación ciudadana en Panamá:

• 1. Educación y Conciencia Cívica: Implementar programas educativos que informen a la población sobre sus derechos y sobre el funcionamiento de la extinción de dominio, así como la importancia de su participación en el proceso legislativo.

• 2. Fomentar la Denuncia Segura: Establecer canales seguros y anónimos para que los ciudadanos puedan reportar actividades ilícitas sin temor a represalias, garantizando así su seguridad y la efectividad de la ley.

• 3. Promover la Transparencia: Crear plataformas digitales donde se publiquen y actualicen de manera regular los casos de extinción de dominio, así como el uso de los recursos recuperados, para que la ciudadanía pueda monitorear el impacto de estas leyes en su comunidad.

En conclusión, la ley de extinción de dominio y la plataforma de participación ciudadana en Panamá representan dos caras de la misma moneda en la lucha por un país más justo y transparente. La interacción entre ambas iniciativas no solo puede contribuir a la erradicación de la corrupción, sino también a empoderar a los ciudadanos para que se conviertan en actores activos en la defensa de sus derechos y en la construcción de un futuro más prometedor. La colaboración entre el Estado y la sociedad civil es esencial para lograr un cambio real y duradero en la nación.