... es necesario recordar que para recurrir en demanda contencioso administrativa ante la Sala Tercera, es imprescindible que el acto o resolución impugnada sea de aquellos que decidan, directa o indirectamente, el fondo del asunto, de modo que le pongan término o hagan imposible su continuación, tal como lo prescribe el artículo 42 de la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946; de tal suerte que, si la demanda fue interpuesta en contra de un acto meramente confirmatorio, su declaratoria de ilegalidad no va influir en el acto administrativo principal.

En efecto, el artículo 43-A de la ley antes citada dispone como condición propia de las demandas contencioso administrativas de plena jurisdicción que se determine el restablecimiento de un derecho subjetivo presuntamente lesionado, y en el caso que ocupa nuestra atención la parte actora omite solicitar el restablecimiento de algún derecho subjetivo afectado, lo cual es la esencia en las demandas contencioso administrativas de plena jurisdicción.

... este Despacho se percata que, a pesar de tratarse de una acción de plena jurisdicción, su pretensión carece de la obligación de solicitar el restablecimiento del derecho subjetivo vulnerado, ya que el apoderado judicial de la parte actora sólo se limita a indicar en su 'petitum', únicamente que se declaren nulos, por ilegales, el acto impugnado y sus actos confirmatorios ...

No obstante, al revisar la acción en estudio, se advierte que el apoderado de Martiza Mar Moreno Miranda ha omitido incluir en el apartado de 'DESIGNACIÓN DE LAS PARTES Y SUS REPRESENTANTES', hacer referencia al Procurador de la Administración quien, según lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 38 de 2000, actúa en este negocio en representación de los intereses de la Institución.

De acuerdo al principio de congruencia, el Tribunal sólo puede pronunciarse en cuanto a lo solicitado por el recurrente, toda vez que las partes estructuran el objeto litigioso y la sentencia debe estar en consonancia con las pretensiones aducidas en la demanda; de allí, que aunque se declare la ilegalidad de un acto administrativo confirmatorio, el acto principal u originario(que es el que realmente ha producido los efectos jurídicos que afectan al administrado), no podría ser alcanzado por la declaratoria de nulidad.

La importancia de la distinción planteada radica en el hecho de que, conforme ha sostenido la doctrina y la jurisprudencia, las acciones contencioso-administrativas de plena jurisdicción o nulidad, no pueden interponerse únicamente contra esta última categoría de actos, pues, carece de objeto que la Sala se pronuncie sobre la legalidad de un acto que niega o rechaza un recurso gubernativo, si el acto principal, que es el que podría afectar derechos subjetivos, permanece en pie, por no haber sido impugnado en la demanda; recordándole al señor Rodolfo Guillén Araúz, que para resolver la controversia planteada es necesario aclararle, que un 'acto principal' es aquel que causa estado, es decir, que decide una petición o una controversia administrativa".

Bajo estas consideraciones, esta Sala advierte que la parte actora debió dirigir su Demanda contra la Resolución No. 1064 de 19 de octubre de 2020, por medio de la cual el Ministerio de Salud no reconoció su condición de víctima afectada a su salud por dietilenglicol, por ser éste el Acto originario de la Demanda, incumpliendo de esta manera con la norma precitada.

3. Además de las deficiencias anotadas, el Magistrado Sustanciador se percata que en el apartado que corresponde a la designación de las partes y de sus representantes, siendo éste un requisito de admisibilidad contenido en el numeral 1 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, modificado por el artículo 28 de la Ley 33 de 1946, el actor omite hacer alusión al Procurador de la Administración, quien que de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 38 de 2000, interviene en el presente proceso en representación de los intereses de la entidad demandada (f. 2 del expediente).

Al respecto, cabe señalar que, si bien es cierto que la omisión de este último requerimiento no implica, por sí solo, la inadmisión de la demanda, no lo es menos que, en el caso en estudio, conforme lo hemos explicado, concurren otras deficiencias que impiden darle curso a la misma.

Como quiera que la acción Contencioso Administrativa en estudio adolece de varios requisitos de admisibilidad, se procederá a su no admisión, en atención a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.