... es necesario recordar que para recurrir en demanda contencioso administrativa ante la Sala Tercera, es imprescindible que el acto o resolución impugnada sea de aquellos que decidan, directa o indirectamente, el fondo del asunto, de modo que le pongan término o hagan imposible su continuación, tal como lo prescribe el artículo 43 de la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946; de tal suerte que, si la demanda fue interpuesta en contra de un acto meramente confirmatorio, su declaratoria de ilegalidad no va influir en el acto administrativo principal.

Lo anterior se infiere del artículo 43a de la Ley 135 de 1943, mismo que establece que: 'No será indispensable dirigir la demanda contra los actos simplemente confirmatorios que hayan agotado la vía gubernativa; pero dichos actos quedarán sin valor alguno sin se anula o reforma el acto impugnado', norma ésta de la cual se desprende la necesidad de dirigir la demanda contra el acto originario, sin que sea necesario hacerlo contra el confirmatorio. Y es que si se impugnara el acto confirmatorio, tal como ha ocurrido en este caso, y se declarase su ilegalidad, tal decisión no surtiría efectos jurídicos a favor de la demandante, pues, el acto originario seguiría vigente, lo que de ninguna manera restablecería su supuesto derecho subjetivo lesionado.

"... En estas circunstancias, nos vemos precisados a señalar que la Sala Tercera ha mantenido una línea jurisprudencial sistemática, en el sentido de que, si bien no es indispensable enderezar la demanda contra actos confirmatorios, sí es necesario que la acción esté encaminada contra el acto administrativo original; de lo contrario, no se satisfacen los presupuestos de viabilidad de las acciones contencioso administrativas.

De acuerdo al principio de congruencia, el Tribunal sólo puede pronunciarse en cuanto a lo solicitado por el recurrente, toda vez que las partes estructuran el objeto litigioso y la sentencia debe estar en consonancia con las pretensiones aducidas en la demanda; de allí, que aunque se declare la ilegalidad de un acto administrativo confirmatorio, el acto principal u originario (que es el que realmente ha producido los efectos jurídicos que afectan al administrado), no podría ser alcanzado por la declaratoria de nulidad.

En consecuencia, carecería de eficacia jurídica declarar la ilegalidad de la Resolución No. A-DPC-0194-14 de 7 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, siendo ésta una resolución meram

"Al resolver sobre la admisibilidad de la demanda, el Magistrado Sustanciador considera que la misma no debe admitirse, ya que de la lectura del contenido del acto atacado, se observa claramente que el demandante dirigió la demanda contra el acto confirmatorio, es decir, la Resolución C.E. No. 014-2011 de 28 de marzo de 2011, dictada por el Instituto de Seguros Agropecuario, tal y como se observa en el poder de demanda y en el contenido del escrito de la demanda, visibles de fojas 1 a 12 del expediente.

La jurisprudencia de esta Sala ha señalado reiteradamente que la demanda debe ser dirigida contra el acto original, es decir, contra aquél que creó la situación jurídica, que se considera vulnera los derechos subjetivos y no así contra el acto confirmatorio, puesto que, aun cuando la Sala declarase ilegal el acto confirmatorio, el acto principal quedaría firme, es decir, surtiendo todos sus efectos legales.

(...)

De conformidad con lo trascrito, la jurisprudencia de esta Sala ha sido sistemática al establecer que la demanda debe ser dirigida contra el acto original, es decir, contra aquél que creó la situación jurídica, que se considera vulnera los derechos subjetivos, y no así c